UN AÑO DESPUÉS, ¿DÓNDE ESTAMOS?


Andrés Manuel López Obrador es el presidente que más expectativas ha levantado de la historia moderna del país. Alcanzó la silla presidencial con un respaldo social nunca antes visto. El hastío por la corrupción sistémica, la falta de oportunidades económicas y la violencia pavimentaron su incontestable victoria. 365 días después de haber comenzado su periplo en el Gobierno y 518 días posteriores a su victoria en las urnas, López Obrador sigue conservando un amplio capital político. Las encuestas sitúan su popularidad, en promedio, entre 63 y 65 por ciento (con algunas que marcan 58, como Mitofsky, y hasta 68% como sostiene El Financiero).

La popularidad del Presidente está apalancada en muchos fenómenos. Uno de ellos, su credibilidad en materia de combate a la corrupción. Es un gobernante honesto, se desprende de los estudios de opinión. Las expectativas que sigue alimentando en su narrativa. La idea de que estamos en un momento histórico que sólo tendría comparación con los grandes procesos de transformación del pasado. Su voluntarismo es otro rasgo bien calificado. Y, por supuesto, la debilidad de la oposición. Una oposición que se opone permanentemente, casi por instinto, a todo lo que propone el Presidente, pero que parece no poder dibujar alguna alternativa creíble.

 
 

Sin embargo, la popularidad no siempre es sinónimo de un Gobierno que está resolviendo los problemas de la ciudadanía. Barack Obama atravesó uno de sus momentos de menor aprobación justo cuando la economía estaba mejor, se estaban generando empleos y había enderezado el barco luego de la Gran Recesión. La aprobación de un Gobierno puede ser más una expectativa que una realidad. Más un anhelo que concreciones. Ante esto, valdría preguntarnos: ¿Cómo estamos un año después? ¿Qué es distinto y qué es, básicamente, lo mismo? ¿Ha cambiado algo de fondo?

Partamos de una idea: ni estamos en la Venezuela del Norte que presagiaba la oposición, y algunos intelectuales, ni tampoco estamos en la tierra prometida que parece abrazar la Cuarta Transformación. México hoy tiene una economía estancada -nada distinto a lo que ocurre en buena parte de América Latina-, pero con baja inflación. La política fiscal del país es conservadora, la inversión extranjera muestra síntomas de crecimiento y también hay una discreta, pero real, revalorización de los salarios. Todavía es prematuro para saber si las transferencias a través de programas sociales tendrán un impacto positivo en la reducción de pobreza. Por el contrario, la desaceleración ya afecta la creación de empleos y, sobre todo, la confianza del sector privado. Vivimos una paradoja: existe más desconfianza interna que externa. Por lo tanto, en términos económicos estamos básicamente igual que al final del sexenio de Enrique Peña Nieto.

El combate a la corrupción se mueve en una disyuntiva que marcará si estamos frente a un cambio de fondo o simplemente a la reproducción sexenal de la justicia selectiva. La clave es si la Fiscalía y la Unidad de Inteligencia Financiera logran convertirse en entes independientes que no estén sometidos a la línea del Gobierno. Existen señales en esta dirección -particularmente en los casos que afectan a gobiernos anteriores-. No obstante, no hemos visto el mismo empeño con escándalos que afectan a cercanos a López Obrador (Carlos Lomelí o Manuel Bartlett). Es un avance, también, que el presupuesto no esté condicionado por “moches” o intermediarios corruptos, pero eso no quita la discrecionalidad que tiene el Presidente a la hora de negociar el reparto de recursos con gobernadores y alcaldes. Subordinar las asignaciones presupuestales a criterios políticos puede ser otra forma de corrupción.

por: El informador Fecha: 02 de Diciembre de 2019


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